No más muertes en el Estrecho
Ayer, martes, 27, hubo una concentración en la Plaza Alta de Algeciras, convocada por Algeciras Acoge y la Asociación Pro Derechos Humanos del Campo de Gibraltar (APDCG) para reflexionar, denunciar y recordar, una vez más, las muchas muertes de migrantes que hay en el Estrecho.
Los convocantes decían en un comunicado que Salvamento Marítimo había rescatado en la mañana del pasado domingo cerca de Algeciras a tres varones con síntomas de hipotermia y un cadáver de un kayak, y a otros cinco en buen estado de otro kayak cerca de Ceuta. Y que el 30 de septiembre el cadáver de un joven magrebí fue encontrado muerto en las proximidades de Alcaidesa a bordo de un neumático
Porque si una sola muerte no fuera más que lamentable, más de cien personas han desaparecido tras una serie de explosiones en un cayuco que navegaba el pasado viernes a unos 80 kilómetros de la ciudad senegalesa de Mbour en dirección a Canarias. Y otras 59 personas, entre ellas seis menores, fueron rescatadas de una muerte segura por la Armada senegalesa.
La muerte sigue acompañando a la inmigración: gente joven, adulta, bebés, adolescentes, hombres y mujeres forman parte de un cementerio marino que se extiende por todo el Mediterráneo porque Europa y el sistema capitalista que gobierna el mundo no da alternativas de vida a esta tragedia humana interminable. Desde 1988, más de 7.000 personas han muerto en El Estrecho intentando llegar a España.
El mar Mediterráneo se ha convertido en la mayor vergüenza de Europa; en los últimos 17 años, 35.000 personas han perdido la vida en sus aguas. Y lo que es peor... los gobiernos europeos miran hacia otro lado, mientras estas muertes podrían haberse evitado si existieran vías legales y seguras para obtener protección. El fenómeno es vergonzante, alarmante… Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, cada dos segundos una persona se ve forzada a abandonar, por diferentes motivos, su lugar de residencia.
Mientras tanto, ¿qué hace Europa, ¿qué hace España? Lejos de dar una respuesta para las personas, hemos blindado nuestras fronteras ante la llegada de miles y miles de personas buscando refugio, hemos endurecido las políticas de asilo para que cada vez sea más difícil acceder al derecho de protección internacional, y hemos apoyado acuerdos “ilegales” con terceros países no seguros, para que sean éstos los que se encarguen de "gestionar" el futuro de millones de personas que huyen de la guerra o cuyas vidas corren peligro por algún tipo de persecución.
Personas cuyos derechos humanos están siendo reiteradamente vulnerados, primero en sus países de origen y luego cuando llegan al nuestro, a pesar de todas las leyes internacionales y declaraciones universales que obligan a España a ofrecer protección internacional. Nadie elige donde nace, y a nadie le preguntan antes de venir al mundo donde quiere vivir. Por eso y porque la libre circulación y libertad de movimiento de personas es un derecho humano universal e inalienable promovido desde occidente, ningún ser humano puede morir ni estar condenado a la clandestinidad por ejercerlo.
Evitar más muertes, y dar atención, acogida y apoyo a todas las personas que huyen de sus países, o lo arriesga todo por una mejor vida, no es únicamente una cuestión de solidaridad, sino de justicia social imperativa que nace de los compromisos internacionales. Y la respuesta ciudadana a la migración y asilo debe ser la de tomar conciencia y abrirnos a una nueva sensibilidad que nos llame a superar prejuicios infundados y a la clamorosa exigencia de un cambio radical de nuestras leyes e instituciones.