Una nueva política de migración y asilo es necesaria.
El pasado lunes, APDHA ha publicado el informe “Derechos Humanos en la Frontera Sur 2021”, en el que denuncia cómo las políticas migratorias basadas en la represión y violación de los derechos humanos son un auténtico fracaso. Porque este año el número de personas que han perdido la vida intentando llegar a España ha sido el más alto de los últimos 30 años, con un total de 1.717 muertes y desapariciones.
Los cinco Estados mediterráneos de la UE han redoblado la presión ante sus socios en materia migratoria. España, Italia, Grecia, Chipre y Malta han rechazado el pasado sábado parte de las propuestas planteadas en el Pacto de Migración y Asilo de septiembre de 2020, que sentará las bases de la gestión de los flujos de migrantes y refugiados en el continente europeo.
En una declaración conjunta firmada en Atenas, los ministros del Interior y Migraciones han señalado que los textos del acuerdo, que llevan seis meses negociándose, aún mantienen “considerables desequilibrios” y están lejos de la solidaridad obligatoria que demandan. “Nuestras principales preocupaciones persisten”, afirman.
El pacto migratorio europeo ignora las pretensiones de España, uno de los países europeos que más tensión migratoria mantiene en sus fronteras marítimas. Los países del Norte y Este europeo apuestan por posiciones más restrictivas y poco solidarias con sus vecinos mediterráneos.
Las conversaciones son cada vez más intensas y en los últimos ocho días ya se han celebrado dos consejos con los representantes de Interior y Exteriores de los 27. La reunión del pasado sábado en Atenas intentaba dar un mensaje de unión en un contexto con cada vez más presión de socios como Francia y Alemania para ir avanzando en una negociación que no beneficia a los países del Sur.
Los términos de la declaración conjunta, además, sorprenden por una contundencia poco habitual en estas cumbres en las que se impone el lenguaje diplomático. Por primera vez públicamente, los cinco señalan las debilidades concretas de algunos de los pilares del pacto como el cribado rápido de migrantes en frontera, que obligaría a los países de entrada a separar a los inmigrantes económicos de los potenciales refugiados.
Esta fórmula “agravará aún más la situación ya de por sí desfavorable” de los países mediterráneos, advierten. Los cinco mantienen que el planteamiento “ignora las realidades sobre el terreno” de los procedimientos y los plazos y “supone una carga desproporcionada en las fronteras de la UE que no pueden transformarse en zonas de tránsito cerradas”, como ya ocurre, sobre todo, en las islas griegas.
La declaración insiste también en exigir una solidaridad obligatoria a sus socios que sigue sin aparecer en los textos. Durante la redacción del acuerdo, la Comisión Europea acabó ideando una fórmula de solidaridad a la carta para contentar al bloque de Visegrado, con Hungría y Polonia a la cabeza, que rechaza de plano acoger en su territorio a potenciales refugiados.
En los términos del nuevo pacto, los socios podrían elegir entre aceptar reubicaciones de migrantes, colaborar económicamente con los estados con más presión migratoria o patrocinar retornos, pero los países del Sur mantienen que ese mecanismo es “insuficiente, sigue siendo incierto y no resuelve la carga que seguirán asumiendo los países de entrada”.
España ha conseguido incluir en la declaración una de sus principales demandas: la reubicación “automática y obligatoria” de inmigrantes y solicitantes de asilo, independientemente de cómo lleguen a sus costas. Esta era una cuestión que preocupaba especialmente a España por ser la única que asume las operaciones de búsqueda y rescate con sus medios nacionales.
También en la línea que defiende España en todas las cumbres, el bloque mediterráneo aboga por aumentar la cooperación con los países de origen y de tránsito. “La prevención es la fórmula más efectiva para luchar contra la inmigración irregular”, ha declarado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.